La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, ha presentado esta mañana su dimisión después de la polémica suscitada en torno a la desescalada del sector educativo.
Colectivos de profesores, padres y sindicatos habían pedido su cese. A la dimisión de la consejera se une la del director general de Ordenación e Innovación, Gregorio Cabrera, presentada ayer por «discrepancias» con los criterios de la Consejería en el proceso de desescalada en el sector educativo. Después de la consejera de Sanidad, este es el segundo alto cargo del Gobierno de Canarias que se lleva por delante la crisis del coronavirus.
El mar de fondo en Educación se arrastra desde hace meses. Y derivó en marejada el pasado sábado cuando, a través de la prensa, los centros se enteraron de la decisión de Educación de dejar que cada uno organizara el retorno a las aulas en la fase 2 de la desescalada, exclusiva para la atención individualizada o en pequeños grupos al alumnado que titula (sexto de primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato). La Consejería ha decidido, además, que todo esté sujeto a la voluntariedad del profesorado.
El fin de semana, los equipos directivos de los centros públicos y el conjunto de los docentes se rebelaron ante el aviso desde Educación de que deberían afrontar el retorno a las aulas en esta fase 2 pero sin que se les concretase cómo. Así, se encontraron con padres y madres del alumnado dirigiéndose a ellos en busca de unas respuestas que no podían dar.
El malestar se canalizó en sendos comunicados de los directores de los centros de las zonas norte y sur-sureste de Gran Canaria. Los primeros dejaron claro que precisaban de «instrucciones específicas sobre los protocolos a seguir sobre temas relevantes como la distribución del alumnado por aulas y ratio, equipación del personal de limpieza, personal no docente y docente, desarrollo de convivencia en zonas comunes, servicio de cafetería, etc…». Y agregaron: «No obstante, estamos trabajando en el acondicionamiento de los centros, para retomar nuestra labor educativa presencial con todas las garantías de seguridad e higiene para el conjunto de nuestra comunidad. Dicho lo cual, por prudencia y hasta la recepción de instrucciones, la actividad lectiva presencial no está prevista, por lo que permaneceremos prestando los servicios educativos de forma no presencial (telemática)».
Los responsables de las zonas sur y sureste recordaron que carecían incluso de «certificación de la desinfección los centros».
A la vista de la situación, Ángel Víctor Torres anunció ayer que las clases en los centros educativos continuarán de forma telemática con carácter general hasta fin de curso, excepto en el caso de los alumnos que cambian de etapa, que podrán ser citados de forma individual para seguimiento desde el 1 de junio.
Torres avanzó que de forma inmediata se publicaría una orden en el Boletín Oficial de Canarias para definir los pasos a los que tendrán que atenerse los centros educativos hasta fin de curso.
El presidente adelantó que las clases continuarán de manera telemática hasta el 19 de junio, fecha de finalización del curso escolar. De todos modos, a partir del 1 de junio y hasta el 19 los alumnos que terminan etapa serán convocados de manera individualizada y para hacer un seguimiento de su trayectoria, aunque la asistencia será voluntaria. Desde el 19 de junio al 30 de junio, los centros educativos y los docentes se dedicarán al trabajo burocrático y entre tanto el Gobierno de Canarias sigue trabajando en los protocolos que se establecerán para el curso próximo, algo que es complicado, dijo Torres.
Finalmente, desde la Confederación de Padres de Canarias (ConfapaCanarias) pidieron ayer «la destitución de la consejera de Educación y de todo su equipo». Lo fundamentan en «la desastrosa gestión» y su «ineptitud para organizar el nuevo curso».
Agrega en el comunicado emitido ayer que se ha dispensado «maltrato y menosprecio» a las familias durante este proceso. Acaban recordando que las familias no son sindicatos pero representan
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